miércoles, 16 de abril de 2014

Defiende Internet, así puedes sumarte el 21 y 22 de abril #ContraElSilencioMX




La iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (también conocida como #LeyTelecom) presentada este 24 de marzo, está redactada como si Peña Nieto y sus colaboradores buscaran impedir el uso libre de Internet a toda costa.

No exageramos si decimos que por primera vez, el gobierno mexicano es el peligro principal contra tu derecho a usar la herramienta de comunicación más grande del mundo. Por este motivo, decimos #NoMasPoderAlPoderMuchos medios y organizaciones ya reaccionaron en contra de esta iniciativa. Entre ellos se encuentra Libre Internet para Todos y Contingente MX, que exponen el problema de una manera muy sencilla al ordenar los problemas en 4 grandes fallas:

1. La propuesta no garantiza el acceso a Internet a millones de mexicanos, lo de que debía ser uno de sus objetivos.


Según todas las organizaciones de Derechos Humanos, el acceso a internet es un derecho fundamental. Sin embargo, esto no está para nada contemplado en la reforma que propone el presidente.Podría parecer descabellado exigir que un gobierno garantice este derecho. Siempre existen limitantes de tecnología y presupuesto, así como un montón de programas que también merecen su atención. Sin embargo, lo que no es exagerado es exigir que el gobierno haga TODO lo que esté en sus manos para acercarse un poco más a ese escenario.

En México, la cobertura universal está contemplada a modo de programa y no de derecho. Así, el gobierno puede tomarse todas las comodidades al trabajar bajo la idea de que Internet es algo que puede llegar a muchos con su apoyo, y no bajo el esquema de que debe llegar a mucho por obligación. Esto debería estar contemplado en el Título Décimo de la iniciativa, donde se trata el tema de acceso. Sin embargo, ahí se habla con un lenguaje muy vago sobre el tema y lo que es peor: según el artículo 186 de la iniciativa, sumado a lo que dice el nuevo texto del artículo 14 de la Constitución (recordemos que fue reformada, es decir, actualizada hace poco), podría negarse el acceso libre a Internet bajo casi cualquier pretexto, es decir se podría eliminar el acceso en las plazas, parques, y otros lugares donde hoy es libre y, como veremos más adelante también podrían suspender el acceso a Internet en tu casa o desde tu teléfono.

2. La iniciativa deja la puerta abierta a toda clase de vigilancia de tus actividades en la red, así como el uso de esa información con cualquier fin.


Según la propuesta, las autoridades de muchas clases podrán pedir tus datos o los de cualquiera, individuo u organización, sin necesidad de que un juez expida la orden, ni de que haya un proceso legal de por medio.

Si consideramos que estas facultades estará en manos de 32 Procuradurías de Justicia y de la PGR, que cuentan siempre, aunque así no lo quiera, con funcionarios corruptos y criminales infiltrados, es evidente que este poder se traducirá en abusos.

3. La propuesta no solo permite, sino que enfatiza que tu derecho al acceso a Internet puede ser suspendido bajo el pretexto de la “seguridad pública y nacional”, sin aclarar más.

Aunque la libertad de expresión y el derecho a la información son dos derechos fundamentales según la Constitución y todos los tratados internacionales de Derechos Humanos, el presidente (o quien haya redactado la famosa iniciativa) no lo consideran así. 

Según el artículo 197, por poner tan solo un ejemplo, las compañías que presten servicios de comunicación deberán “Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

 Sin importar las ventajas que esto represente, deja abierta la puerta a que la gente no pueda subir información en vivo durante una manifestación en la que haya abusos, o que no pueda denunciar en tiempo real nada que a las autoridades nos les convenga. Si consideramos que, por ejemplo, llamadas telefónicas y comunicación en la red podrían ser intervenidas, y que esto no pasará por ningún proceso judicial, entonces el Estado podría ordenar la suspensión inmediata del servicio a todo aquél cuyas actividades le disgusten. Suspender los derechos de muchos para estropear las actividades presuntamente dañinas de algunos es el último recurso al que un gobierno debe recurrir y, por supuesto, tiene que ser un recurso que sea muy difícil de usar para un presidente, pues puede tener consecuencias terribles… sin mencionar que es de locos la idea de que la PGR pueda usarlo así no más (¡por Dios, dónde está el sentido común).

4. La iniciativa no garantiza la neutralidad en la red, antes bien, da a las grandes empresas que ofrecen servicios de acceso a Internet y a información dentro ella un gran poder económico y de censura sobre lo que haces y ves en Internet.


Internet será pay per view ¿Te gustaría que la red se convirtiera en un sistema de pago por evento?, ¿sabías que las grandes empresas que proporcionan el servicio de Internet pueden decidir darle prioridad de acceso y velocidad a ciertos sitios, como Facebook o Amazon, al tiempo que entorpecer o de plano negar el acceso a otros? Esto se parece mucho a un sistema pay per view como el de los sistemas de tele por cable.Bueno, el derecho a un Internet neutral es justamente el derecho a que tu proveedor, los administradores de sitios o las autoridades no puedan priorizar o discriminar tu acceso a cierta información, o discriminar otro por tipo de paquete, protocolo o contenido. 


En el artículo 146 de la iniciativa, se lee “Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”. 

Ahí no se hace ninguna especificación sobre neutralidad y todo el artículo favorece a los proveedores de red y de servicios dentro de ella, dejando al usuario a merced de que estas compañías decidan a qué páginas puede entrar con facilidad y cuáles otras no. No debería sorprendernos: si consideramos todas las facilidades que las autoridades tendrán para exigir información y suspender servicios, era evidente que debían pagar a los proveedores con alguna ventaja de mercado, que es justamente esta.

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